Entre 2004 y 2008, el Estado Español recurrió a sus ciudadanos y les propuso que invirtieran sus ahorros en energía fotovoltaica, algo que no interesaba a las grandes eléctricas. El estado garantizó unos derechos y una retribución estable de las instalaciones, y la inversión se promocionó a bombo y platillo como ética, rentable, segura y socialmente comprometida.
Ante la certeza de un escenario medioambiental insostenible que será incompatible con la vida, la Unión Europea apostó por las Energías Renovables, marcando el camino a seguir por los Estados miembros.
Sin embargo, a los pocos meses de estar operativas las plantas, una interminable oleada de decretos retroactivos e injustos impuestos por los sucesivos gobiernos, recortaron hasta en un 50% aquellos ingresos que habían sido asegurados por el Estado. Aún así, los bancos exigen que las familias cumplan con los compromisos adquiridos si no quieren perder sus Casas. Más de 62.000 familias Españolas invirtieron más de 20.000 millones de €, lo que les ha llevado a contraer una deuda de de 18.000 millones con los bancos.
