Por tanto, parece que el Gobierno ha acabado retratándose a la hora de la verdad. Y eso por la vía que sabe: el propio grupo parlamentario introduce una enmienda en el último momento en el Senado, en la recta final de la tramitación de la Ley del Sector Eléctrico, un impacto directo en la línea de flotación de la reforma. Y todo esto era previsible, tras las últimas recomendaciones de la Unión Europea y la lectura que hizo Cristóbal Montoro de ellas y que pudimos presenciar en su última rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Antecedentes. Industria ha tenido una obsesión triple a la hora de presentar esta reforma: la primera era que el esfuerzo debía ser compartido entre empresas, consumidores y Estado; la segunda, era que, por tanto “hace daño a todos”, incluso jactándose de ello hasta extremos de sadismo que han enervado a alguno de sus actores por su intensidad verbal. Todo ello aderezado con el excipiente de la obsesión de los ejecutivos populares por volverse venezolanos chavistas persiguiendo y satanizando a las empresas y sectores económicos, utilizando demagógicamente a los consumidores.
En todo caso, esta bomba deja a Soria y Nadal, al “equipo del Ministerio de Industria”, con un trampantojo de reforma eléctrica muy cuestionada y débil, como ya anticipamos en Energía Diario. Desde el punto de vista de la propia norma, se trata de una revisión deslavazada, interesada y apresurada de la Ley del Sector Eléctrico, que no tiene un modelo duradero de política energética y que carece de una expresión concreta de fiscalidad energética o medioambiental consistente.
Adicionalmente, en términos cualitativos, esta reforma incorpora riesgos muy importantes sobre los que hay consenso: el anticipo de una fuerte inseguridad jurídica, litigiosidad y arbitrajes para el Reino de España que hay que anotar en la hoja de expediente de Soria y Nadal cuando empiecen a suceder, caiga lo que le caiga al Gobierno. Pero hay más carencias en la reforma: no se habla de financiación y se ha producido una anulación de relaciones entre Industria, los sectores y agentes, evidenciando la ausencia de capacidad negociadora de los responsables del Ministerio y mostrando una falta absoluta de credibilibidad y fiabilidad en la Administración ante una parte tan relevante de la economía de nuestro país.
¿En qué situación queda ahora el problema del déficit tarifario? En absoluta provisionalidad y a la espera de nuevas “ideas felices” de la factoría. Y con la evidencia de la desintegración de las relaciones entre Industria (una especie de ministro dedicado al parafraseo y al surfeo de la opinión pública en todos los asuntos, proveedor de noticias y frases balsámicas a la ciudadanía) y del resto del Gabinete, en un problema que exige una coordinación de política económica muy importante por los efectos conjuntos que se derivan del mismo para la economía española.
De hecho, el propio Soria, hombre descreído que es capaz de decir una misma cosa y la contraria con extraordinaria facilidad, ya ha abandonado a su suerte al propio Alberto Nadal y ha renegado de la acción de su secretario de Estado, una vez que notaba que las cosas que pintaban mal (olfato no le falta), pese a los contrafuertes de su asociación con Moncloa.
En este estado de cosas, es evidente que Soria y Nadal deben dimitir puesto que este es el problema más grave al que se enfrenta su cartera, y lo único que han logrado hasta el momento es complicarlo y retrasar su resolución por enfocarlo mal y magnificarlo.
De hecho no son parte de la solución, son parte del problema. Y aquí es donde el problema ya alcanza a Rajoy.
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