El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado los siete recursos presentados contra las prospecciones en aguas cercanas a las islas Canarias, han informado fuentes del alto tribunal. De este modo, el Supremo confirma la validez del decreto de 524/2012 de 16 marzo que aprobó los permisos de investigación de hidrocarburos denominados 'Canarias-1', 'Canarias-2', 'Canarias-3', 'Canarias-4', 'Canarias-5', 'Canarias-6', 'Canarias-7', 'Canarias-8' y 'Canarias-9'. Las sentencias, que se comunicarán en los próximos días, cuentan con al menos un voto particular. Desde que el Gobierno dio luz verde a las prospecciones, se han producido multitud de reacciones e iniciativas para frenarlas, dentro y fuera de España.
En concreto, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha rechazado los recursos presentados por la Comunidad Autónoma de Canarias, Cabildo de Fuerteventura, Cabildo de Lanzarote, Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción, WWW ADENA; Fundación César Manrique e Izquierda Unida.
El pasado fin de semana las principales organizaciones no gubernamentales de defensa ambiental (WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra), entregaron en la oficina central de REPSOL en Madrid más de 200.000 firmas pidiendo a su presidente, Antonio Brufau, la suspensión inmediata de las perforaciones que la multinacional pretende realizar frente a las Islas Canarias tras recibir la conformidad del Ministerio de Medio Ambiente para iniciar las catas.
En la campaña contra las prospecciones han participado tanto las ONG ecologistas como diversos colectivos sociales, fundaciones, entidades científicas, y administraciones públicas de las islas, del resto de España y de otros países desde marzo de 2012, fecha en que el Gobierno de España aprobó el Real Decreto 547/2012, que abría la puerta a la petrolera para realizar las prospecciones. El Gobierno de Canarias y los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura también se han pronunciado en contra.
La zona donde Repsol pretende perforar se localiza en una franja oceánica de 616.000 hectáreas, a 9,7 kilómetros de Fuerteventura y a 18 kilómetros de Lanzarote, y coincide con una de las 10 áreas marinas de España designadas por el proyecto LIFE-INDEMARES para su inclusión en la Red Natura 2000 por sus excepcionales valores biológicos. Este espacio está pendiente de ser declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), y alberga una de las comunidades de cetáceos más importantes del mundo, con 29 especies diferentes entre los que destacan zifios, rorcuales, cachalotes, delfines, calderones y orcas. La Declaración de Impacto Ambiental favorable a Repsol reconoce la posibilidad de que, en caso de producirse un derrame grave durante los sondeos y el pozo se descontrolara, las Islas Canarias recibirían el 5,85% de los vertidos y el 26,2% impactaría contra la costa marroquí.
Precisamente, a primera hora de este martes el presidente de Repsol, Antonio Brufau, avanzaba que en las próximas horas se conocería la decisión del Tribunal Supremo (TS) en relación a los recursos planteados contra las prospecciones que se van a realizar en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. “Lo de Canarias es un proyecto exploratorio a 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura que tiene teóricamente todas las garantías de que no va a pasar nada, como no pasa en todos los pozos exploratorios”, ha señalado Brufau, quien ha añadido que, fruto de estas operaciones, se ha organizado “un buen debate político” en las islas.
Ante la sentencia del Tribunal Supremo, Ben Magec–Ecologistas en Acción se reafirma en sus argumentos contra las prospecciones y anuncia futuras actuaciones tanto a nivel jurídico como social. Anima a la población a mantener el pulso de la oposición ciudadana.
Tras el anuncio de la desestimación de los recursos presentados contra el decreto de autorización de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias, Ben Magec–Ecologistas en Acción lamenta que el fallo del Tribunal Supremo no haya recogido los sólidos argumentos esgrimidos de nada menos que siete equipo de abogados, en los cuales se constata la ilegalidad del RD 547 de 16 de marzo de 2012. Una vez reciba el fallo judicial, la Federación ecologista estudiará su argumentación y detallará sus contenidos, su repercusión, y las próximas medidas a adoptar. Sin embargo, adelanta que la vía jurídica no está cerrada puesto que el expediente de autorización de las prospecciones es un “enorme despropósito jurídico lleno de lagunas y de irregularidades”.
Por otra parte, sostienen que el pulso social contra las prospecciones no debe decaer, y de hecho ya se están planificando acciones de respuesta que visibilicen la oposición ciudadana en toda Canarias. “Esto es así”, advierten, “porque en todo este procedimiento se está evidenciando el enorme déficit democrático que padecemos y al que hay que hacer frente como un deber cívico”. Ben Magec–Ecologistas en Acción sostiene su afirmación en el hecho de que sea necesario recurrir constantemente a la vía judicial para “frenar proyectos que cuentan con el rechazo mayoritario y evidente de una ciudadanía que no está teniendo otra forma de ser escuchada, a pesar de haber organizado las manifestaciones más masivas de la historia de Canarias”, y también porque en este caso concreto “se está poniendo en entredicho muy claramente la independencia de los poderes del Estado”.
Por último y en este sentido, piden al Gobierno de Canarias que acelere todos los trámites necesarios para que se ejecute el referéndum, dado que “no se le ha preguntado a la ciudadanía canaria si quiere prospecciones en sus aguas sino que se ha funcionado a golpe de real decreto, por imposición, ninguneando a la población que será la principal afectada por los riesgos que son consustanciales a la propia industria petrolera, siendo ésa una de las principales causas de una indignación que sabrá no solo paralizar este despropósito, sino transitar hacia un nuevo modelo energético limpio, sostenible y democrático”.
Fuente: Ecologistas en Acción
No hay comentarios:
Publicar un comentario