El informe español toma el pulso al sector justo cuando el Congreso ultima un Registro de entrada a las Cámaras, una vez que el Gobierno ha desistido de regular a los lobbies en la Ley de Transparencia, a pesar de que lo anunció Mariano Rajoy en el Debate sobre el Estado de la Nación el pasado 22 de febrero.
Sin embargo, sólo el 34% de los entrevistados considera útil un registro obligatorio de lobbistas, 20 puntos porcentuales menos que la media europea y muy por debajo de la opinión de los decisores en las instituciones comunitarias (70%), en las que existe una mayor regulación.
En España la utilidad del registro sería neutra para el 41% y el 20% no lo considera útil. Según el 93% de los políticos españoles, el lobby no está suficientemente regulado en nuestro país. Aunque para el 44% sí lo estará en los próximos tres años. Este dato parece indicar un gran escepticismo por parte de los políticos en torno a esta cuestión, señala el informe.
El estudio español se integra dentro de un informe a nivel europeo en el que España sale mal parada en lo que respecta a la transparencia. El 46% de los diputados españoles encuestados considera que la falta de transparencia es el aspecto más negativo de la actividad del lobby, frente al 26% de sus homólogos europeos.
Buena parte de los diputados entrevistados ha detectado un aumento en la actividad del lobby en España, pareja a una mayor profesionalización. Los parlamentarios perciben que existe una mayor metodología y organización, así como un mayor grado de especialización.
En este contexto, el político también se ve presionado por la influencia que el lobbista puede ejercer a través de los medios de comunicación. El 56% de los políticos entrevistados afirma hablar con los lobbistas porque es su obligación atender a quien le requiere. Pero el 86% concluye que el lobby contribuye al desarrollo político.
Carmen Mateo, presidenta de Cariotipo MH5, cree que “la normalización de esta profesión es un asunto urgente, exigiéndole las mismas garantías que a cualquier otra”. Para Yolanda Vega, directora de Public Affairs de Burson-Marsteller España, “un registro podría ayudar a mejorar la percepción de normalidad y profesionalidad con que gestionamos las relaciones con la Administración”.
Fuente: Expansión.com
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