El Gobierno presume de haber diseñado la reforma del sistema eléctrico que será la definitiva, la que resolverá los grandes problemas del sector, la que reparte los esfuerzos entre todas las partes y con la que "no se casa con nadie".Analicemos las dos partes implicadas:
Las eléctricas asociadas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, E.ON y EDP) han avanzado que las medidas planteadas por el Gobierno, y que conllevan un recorte de 1.000 millones de euros en sus actividades, les obligan a una "drástica reducción de empleo y a replantearse sus inversiones en España".
El Gobierno adopta con esta reforma medidas que implican ajustes por valor de 4.500 millones, justo lo necesario para evitar que el déficit de tarifa (el agujero por la diferencia que hay entre unos ingresos que no cubren los costes del sistema) sigue creciendo. El Ministerio de Industria, comandado por José Manuel Soria, aplicará con carácter inmediato una subida de la luz que hará que los consumidores aporten 900 millones adicionales; se recorta lo que reciben las compañías eléctricas tradicionales por su labor de distribución de la electricidad, lo que les costará unos 1.350 millones; se elimina el sistema de subvenciones a las renovables y se sustituye por otro que garantiza una rentabilidad "razonable", lo que supone un recorte de otros 1.350 millones; y el Gobierno, a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) asume otra parte del desfase por valor de 900 millones.
UNESA critica que ningún gobierno ha estado dispuesto a admitir que la parte más importante de los sobrecostes del sector "procede de decisiones de políticas energéticas y sociales totalmente ajenas al coste del suministro eléctrico". Las medidas, concluyen, agravan aún más la situación económico-financiera de estas eléctricas y hacen inviable el negocio de distribución. Según han publicado en comunicado oficial, "Estos recortes y la inseguridad regulatoria que generan obligarán a una drástica reducción del empleo y a replantearse sus inversiones en España", advierten. Junto a esto señalan que la reducción de los pagos por capacidad de las centrales de ciclo combinado "hace posiblemente inviable su continuidad".
Según los informes de la CNE, el 41 % del déficit de tarifa proviene del llamado déficit ex ante, es decir, el déficit en el que ya se sabe que se va a incurrir a principios de año pero que los gobiernos deciden no corregir para no sufrir desgaste político. El 31% proviene de la desviación de precios del pool, el 5% de la desviación de costes extrapeninsulares y el 22% del régimen especial, incluida la cogeneración. El hecho es que en el periodo 2000-2008 el déficit de tarifa.
Las grandes eléctricas y sus principales ejecutivos piden sacar del mercado a tecnologías que no controlan, como las solares, en lugar de asumir sus errores de planificación que les ha llevado a la instalación desaforada de centrales de gas de ciclo combinado, que están ociosas y tratan de rentabilizar a toda costa. En total desde el año 2001 han instalado más de 27.000 MW, algunos de ellos en plena crisis económica. Lo que no dicen las eléctricas es que los ciclos de gas han recibido subvenciones como incentivos a la inversión, que es lo que son los eufemísticamente denominados pagos por capacidad, por el 40% de la inversión. Las subvenciones recibidas por los ciclos de gas sólo desde 2007 a 2012 han superado los 3.500 millones de euros. También rebajaría la factura de la electricidad el que las eléctricas hubieran devuelto los 3.400 Millones de euros correspondientes a los costes de transición a la competencia (CTC) cobrados de más o que a la nuclear y a la gran hidráulica de régimen ordinario (con una situación muy distinta a la minihidráulica), tecnologías ya completamente amortizadas por la contribución de todos los consumidores a los CTC y que perciben unos beneficios excesivos por su participación en el mercado en condiciones ventajosas, les aplicaran la rentabilidad razonable que se exige a las renovables.
En contraposición, las asociaciones de energías renovables mantienen que las mismas suponen un ahorro de más de 4.000 millones de euros anuales en el precio de la energía. Critican que el Gobierno no haya reformado el mercado eléctrico, ineficaz y falto de competencia y que genera costes innecesarios para el consumidor. En el período 2005-2011, las EE.RR. abarataron el precio de la electricidad en 28.500 millones de euros, 7.600 millones de euros más que todas las primas recibidas
Las renovables, por su participación en el mercado reducen el precio del mercado 20 euros el megavatio hora. En el primer trimestre del año 2013, ese abaratamiento ha superado los 22 euros por MWh. En el período 2005-2011, abarataron el precio de la electricidad en 28.500 millones de euros, 7.600 millones de euros más que todas las primas recibida
Mientras que las energías renovables han supuesto un ahorro medio en España de alrededor de 4.000 millones de euros cada año con respecto al precio del pool, el importe anual de los denominados “windfall profits” o “beneficios caídos del cielo”, que tienen a las grandes hidráulicas y nucleares como beneficiarias, es prácticamente equivalente al déficit de tarifa. El coste del megavatio hora nuclear es de 21 euros, mientras que su retribución ha estado durante los últimos años en torno a los 50 euros.
El sector de las energías renovables español pide la retirada del parlamento de la Ley del Sector Eléctrico y un Pacto de Estado sobre la energía que afronte una verdadera reforma energética a largo plazo y que garantice la seguridad jurídica en nuestro país. Asimismo, está abierto al diálogo con todos los sectores implicados, tanto para proponer medidas que permitan resolver el problema del déficit como para contribuir a la creación de un mix energético sostenible y equilibrado que se traduzca en un ahorro de costes para el consumidor. En cualquier caso, tal período de diálogo debería ir acompañado de una auditoria independiente y profunda del actual sistema eléctrico".
Mientras tanto, dede el punto de vista del consumidor, el mes de julio llegó con una subida de la luz del 1,2%, y agosto empezará con otro incremento. La reforma conlleva un incremento del recibo de la luz del 3,2% a partir de agosto, con el objetivo de elevar los ingresos en 900 millones de euros adicionales.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, centra toda su defensa de la reforma en que, sin las medidas que incluye, la subida de la tarifa tendrían que soportar de golpe los usuarios sería del 42%. El propio ministro había prometido en repetidas ocasiones que no subiría la parte del recibo que depende unilateralmente del Gobierno durante este año.
Industria crea, además, un nuevo sistema de tarifas que abre la puerta a nuevas subidas en el recibo de la luz en el futuro. Y es que se impulsa una revisión automática del recibo si se detecta un desajuste entre los ingresos y los costes del sistema. Los aumentos de los costes conllevarán un incremento automático de los ingresos mediante subidas de los peajes de acceso (la parte regulada del recibo y cuya cuantía depende directamente de Industria).
No hay comentarios:
Publicar un comentario