Estafa a los productores fotovoltaicos

 

Más de 55.000 familias siguen al borde de la quiebra y sin ver aún luz al final del túnel. 

Estas familias, que, tras ver, publicado en el BOE, lo aparentemente fiable que era invertir en instalaciones fotovoltaicas en el hogar, con la entrada en vigor del Real Decreto 661/2007, decidieron invertir pidiendo en muchos casos préstamos con su casa como aval. Sólo pasaron tres años desde que el mismo Gobierno que hizo el anuncio, el PSOE, aplicó un recorte retroactivo de un 30% a los ingresos. Y ahora, con el actual Gobierno, hay que sumar otro 7%.

Miguel Martínez-Aroca, presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores en Energías Renovables (Anpier), califica los cambios regulatorios de «una estafa maquinada para aproximarse a los objetivos energéticos europeos de 2020 y a cumplir con los compromisos de Kioto a costa de la inversión de 55.000 familias, que ahora no obtienen el retorno prometido en el BOE», afirma. «Se trata –según Martínez-Aroca– de una maniobra más escandalosa que la estafa de las preferentes, porque éstas eran de bancos privados y las nuestras, de los gobiernos. En concreto –prosigue–, la merma provocada por el PSOE para el que tenga una instalación de 50 kilovatios sería de entre 5.000 y 6.000 euros al año. Si se suma el 7% impuesto por el PP, la pérdida ascendería a 9.000 euros en 2013».

La ayuda y el apoyo hacia Anpier esta siendo tanto nacional como internacional. El presidente de Anpier, se reunió hace dos semanas en Bruselas, con la secretaria general del Consejo de Reguladores Europeos de la Energía (CEER), Natalie McCoy, Quien le aseguró que pedirá un informe a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que les precisen la situación real y poder así trasladar al Parlamento Europeo cuál es la situación.

 Del mismo modo se reunió el pasado miércoles 23 de Enero, con el adjunto primero al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.

De esta reunión se concluyó, que para  poder iniciar sus actuaciones, Anpier presente una queja formal con un anexo en el que se detalle la identidad de  afectados y los números de expediente que tramita el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con la intención de requerir desde la Institución al Ministerio, para que agilice la tramitación administrativa de todas estas reclamaciones, 11.500 en total, y se valoren los derechos de este colectivo de afectados.

Por otra parte, Francisco Fernández Marugán, se mostró partidario de abrir una negociación directa entre el Ministerio y ANPIER, para lo cual ha ofrecido la mediación del Defensor del Pueblo, siempre que esta solicitud se le curse formalmente por parte de ANPIER.

 La próxima reunión en la agenda de Anpier, será el 12 de febrero con la Secretaría de Estado de Energía.

Fuente: energeticafutura