Los representantes de estas asociaciones participaron ayer en el Ateneo de Madrid en un acto para presentar la iniciativa legislativa popular (ILP) que Asece intenta llevar al Congreso para pedir esta auditoría de costes, explica la asociación en una nota.
La auditoría tiene además como propósito "cuantificar objetivamente el importe total del denominado déficit de tarifa del sector eléctrico, que el Gobierno cifra en más de 30.000 millones de euros", señala la asociación.
El vicepresidente de Asece, Sergio Muñoz García, explicó que la asociación de defensa de la calidad de la edificación trabaja en la ILP desde que sus técnicos empezaron a implicarse en la eficiencia energética y descubrieron que en el sector eléctrico sucedían "cosas muy raras".
El experto en energía y presidente de N2E, Javier García-Breva, señaló durante el acto que la ILP es "la mejor respuesta al déficit democrático con el que se está desarrollando la reforma energética impulsada por el Gobierno del Partido Popular, que camina entre la estupidez y el oscurantismo".
Por su parte, el director general de GeoAtlanter y representante en el acto de la PNME, Jorge Morales de Labra, describió cómo se ha creado el déficit de tarifa y advirtió de que casi el 10% del recibo de la luz "se destina a pagar costes pasados sin auditar los reconocidos por los Gobiernos a las eléctricas". "La compra de combustibles fósiles al exterior nos cuesta 7,5 veces más que las primas a las renovables", advirtió.
Por su parte, el secretario general de Anpier, Juan Castro Gil, sostuvo que los diferentes Gobiernos han legislado para intentar que la generación de electricidad "continuara siendo cosa de unas pocas grandes corporaciones", y lamentó las promulgación de normas con las que se intenta "frenar la democratización de la producción eléctrica".
El presidente de ANAE, Francisco Valverde, recalcó que por culpa del déficit de tarifa del sector eléctrico, cada consumidor debe alrededor de 1.000 euros.
Por su parte, la vicepresidenta de la CECU, Ana Echenique, lamentó que la Administración no cumpla ni haga cumplir los derechos de los consumidores recogidos en la legislación española, incluida la Constitución.
Junto a esto, el responsable del área de Energía y Cambio Climático en Greenpeace España, José Luis García Ortega, aseguró que entre 2002 y 2011 las eléctricas inversiones millonarias en centrales térmicas de gas, que ahora, con el descenso de la demanda provocado por la crisis, no son necesarias en un sistema que, como el español, tiene un exceso de generación.
Fuente: EuropaPress
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