La central nuclear de Garoña, en Burgos, la más antigua de España, inaugurada hace 43 años, puede volver a abrirse y empezar a producir electricidad. Al menos esa es la posibilidad que le deja el Gobierno a Nuclenor, titular de la planta, al dar luz verde ayer a un real decreto que establece que el cierre de las centrales solo será definitivo cuando se produzca por motivos de seguridad. La normativa está hecha a medida para Garoña, que paró en diciembre de 2012 por cuestiones económicas. Y precisamente la economía, en este caso la rentabilidad, será la que decida si vuelve a ponerse en marcha. Las nuevas exigencias de seguridad tras Fukushima obligan a invertir al menos 100 millones de euros en reformas.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto que permite a Nuclenor solicitar la renovación de su licencia antes del 6 de julio, lo que significaría que puede volver a operar. Endesa e Iberdrola, propietarias de la central nuclear, tienen por tanto cinco meses para solicitar la prórroga. Garoña lleva oficialmente parada desde julio pasado —el día 6 se decretó el cese de explotación—. El operador dejó de producir electricidad a finales de diciembre de 2012, porque un inminente nuevo impuesto al combustible nuclear le iba a suponer un coste adicional de unos 152 millones de euros.
El real decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos, que es como se llama la nueva normativa, modifica un reglamento sobre instalaciones nucleares de 1999 y establece que el cierre de las centrales solo será definitivo cuando se produzca por motivos de seguridad. Si es por motivos económicos, como sucede con Garoña, las empresas tienen un año —ahora ya cinco meses— para pedir seguir operando y reengancharse a la producción eléctrica.
Nuclenor calificó de “muy positiva” la reforma, pero no aclaró si ya ha tomado una decisión sobre si reiniciará la generación de electricidad. En una nota de prensa aseguró: “Una vez conocido el contenido de la reforma aprobada hoy, Nuclenor valorará las nuevas condiciones para solicitar la renovación del permiso de funcionamiento de Santa María de Garoña al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Este es un requisito necesario para la continuidad de la operación de la central”, se limitó a señalar.
El cierre de Garoña llegó tras años de incertidumbre, durante los que se sucedieron los anuncios sobre el cierre y la prórroga de la central. El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero extendió el permiso en 2009 cuatro años más y fijó el cese de explotación para el 6 de julio de 2013. También en 2009 se produjo la visita de Mariano Rajoy a Garoña, cuando afirmó: “Con el PP en el Gobierno, Garoña no se cerrará”. En julio de 2012 el Gobierno del Partido Popular modificó el decreto de cierre y concedió a Nuclenor un plazo de dos meses para solicitar la prórroga de actividad hasta 2019. La empresa propietaria no presentó la solicitud; alegó incertidumbre sobre los impuestos y el elevado coste de las inversiones. En diciembre de 2012 finalmente dejó de operar.
“Hay 23 centrales parecidas a Garoña en operación en Estados Unidos y allí se les está extendiendo el permiso”, explica Luis Echávarri, director de la Agencia Nuclear de la OCDE. “Otra cosa son los costes operativos, las modificaciones que el Consejo de Seguridad Nuclear exija por Fukushima y los impuestos. Eso es lo que tiene que valorar el operador. Si económicamente es viable y el CSN da la licencia, es lógico que opere”, añade.
Greenpeace puso ayer en duda que Iberdrola y Endesa finalmente pongan en marcha de nuevo la explotación de la central, lamentó que “el Gobierno legisle para defender los intereses privados de las empresas nucleares” y advirtió de que la reapertura “es un riesgo legal, económico y de seguridad”.
La renovación de la licencia llevaría años, los necesarios para acometer las reformas necesarias. Además de las inversiones en la adecuación de la planta, otro de los obstáculos que juegan contra la reapertura es el rifirrafe que mantienen las empresas eléctricas con el Gobierno a cuenta de la reforma energética. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, anunció hace unos días que reducirá sus inversiones en España.
Fuente: Elpaís
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