3 de febrero de 2014

Mapa del rechazo a la Ley de Reforma del Sector Eléctrico

Ya está disponible la primera versión del mapa en el que aparecen reflejados los ayuntamientos y entidades locales que han presentado, debatido y aprobado en pleno la moción de rechazo al anteproyecto de ley de reforma del sector eléctrico. Este es el enlace: 

                               
                                                                   Mapa del rechazo

El color de las marcas (verde, naranja o rojo) indica el estado o el resultado de la moción. Haciendo clic sobre una marca en concreto se despliega una nota con información adicional: quién la presentó, resultado de la votación, etc.

Recientemente el Gobierno de la Nación, ha aprobado el anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico que ha remitido a Cortes para su tramitación urgente y entrada en vigor inmediata. Una vez más, no es aceptable que una reforma de la profundidad y alcance de ésta, que modifica una ley vigente durante los últimos 16 años, se realice en apenas unos meses sin transparencia ni una adecuada discusión con los agentes implicados.


Esta reforma de la Ley del sector eléctrico afectará directamente a las corporaciones locales en tres aspectos de gran importancia. En primer lugar va a suponer una fuerte y nueva subida y todos sabemos que el coste de la electricidad siempre ha sido una parte relevante del presupuesto municipal. Además la reforma permitirá a las compañías eléctricas comercializadoras cortar el suministro eléctrico incluso para los servicios esenciales: bomberos, centros sanitarios, colegios, etc. 

En segundo lugar esta subida de la factura afectara todavía más a los ciudadanos en situación económicamente vulnerable, agravando el problema de la pobreza energética, que se estima sufre ya un 10% de la población, y a lo que hoy ya muchos ayuntamientos tienen que hacer frente desde sus servicios sociales. 

Por último va a tener un impacto negativo sobre la actividad económica del municipio pues mantiene la moratoria en la construcción de nuevas plantas renovables, reduciendo la retribución en las existentes y bloqueando el autoconsumo. La reforma, señala a las renovables como únicas responsables de la insostenibilidad económica del sistema eléctrico, sometido a una deuda creciente que el gobierno no está sabiendo resolver. Es nuevamente necesario señalar que:

· Las renovables pueden ser proveedoras de la mayor parte de la energía eléctrica que consumimos. 

· Las renovables vienen siendo una fuente de riqueza en nuestro país, generando cuantiosos ingresos para muchos ayuntamientos, por la amplia dispersión territorial de muchas instalaciones de potencias relativamente bajas, en contraste con las grandes centrales de combustible fósil y nuclear. 

·
· Además la eficiencia, el ahorro, el autoconsumo y las renovables son instrumentos necesarios para reducir las importaciones energéticas. 

El conjunto de medidas impulsadas, ya aprobadas o en tramitación:

· Pretende solucionar el déficit de tarifa –la deuda que el estado tiene con la eléctricas- con el aumento de la recaudación mediante el crecimiento del consumo eléctrico y del precio que pagan los consumidores, sin entrar a resolver problemas regulatorios de fondo ni limitar los beneficios caídos del cielo que reciben hace años nucleares e hidráulicas, cuya propiedad es de las grandes eléctricas.

· Ha modificado la estructura del recibo aumentando el peso de la parte fija de la misma no asociada al consumo de energía y por tanto desincentivando el ahorro y la eficiencia en el consumo.

· El anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico entra en contradicción con avances hacia la sostenibilidad. 


Con este conjunto de medidas no se impulsa la lucha contra el cambio climático desde el sector de la generación de electricidad, y hay que insistir en que esta reforma se ha preparado sin participación de los afectados, ni ciudadanos, ni administraciones afectadas, ni consumidores ni empresas del sector, y con severas críticas tanto del órgano regulador, la Comisión Nacional de la Energía, como de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.


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